El CERMI recuerda a Justicia que esta previsión está recogida en la Directiva de 3 de abril de 2014 sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, pendiente de transposición al Derecho interno, por lo que nada impide a España tomar medidas que permitan que todos los bienes decomisados, más allá de los procedentes de delitos de narcotráfico, se utilicen con fines de interés público o con fines sociales.

 

Aprovechando las numerosas modificaciones procesales en curso, el CERMI pide al Gobierno y al Parlamento que regule en sede legal el mecanismo en virtud del cual los instrumentos y productos del delito decomisados por la Administración de Justicia sean empleados para atender necesidades sociales de grupos en situación de exclusión o de vulnerabilidad.

 

Con esta medida, las políticas públicas inclusión y de lucha contra la pobreza y la acción social de las entidades no lucrativas dispondrían de más recursos financieros con los que atajar o atenuar los efectos de la exclusión, agravados en los últimos años como consecuencia de la crisis económica.